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LA CRISIS ECONÓMICA Y LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

Ecuador es un país que navega entre crisis económicas, desde el retorno a la democracia hace más de 30 años, la inestabilidad política, la corrupción generalizada y la mala administración de los fondos públicos ha impedido que realmente gocemos una estabilidad que nos permita enfilar hacia el progreso.

El año que termina ha sido considerablemente difícil, el Gobierno anunció desde un inicio que existía un importante déficit que no se podría cubrir con los ingresos habituales del Estado; por lo que acudió al Fondo Monetario Internacional, organismo que exigió se tomen medidas económicas orientadas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos del fisco.

En primera instancia, el Gobierno resolvió eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diesel; medida que a priori parecía interesante puesto que el subsidio realmente tiene un impacto ambiental y económico contra producente para el país; sin embargo, la poca socialización del proyecto devino en una reacción social que generó movilizaciones de grupos, principalmente indígenas, cuyo radicalismo, y hasta violencia, forzó a que el Gobierno revoque las medidas y ofrezca plantear una nueva propuesta que sería enviada a la Asamblea Nacional.

Así, luego de un proyecto de Ley fallido que terminó siendo archivado por, nuevamente, una falta de socialización previa; el Gobierno consiguió que el pasado 9 de diciembre la Asamblea Nacional aprueba la denominada “Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria”, que tiene los siguientes puntos neurálgicos:

  1. Las sociedades con actividad económica e ingresos iguales o superiores a un millón de dólares en su ejercicio fiscal 2018, pagarán un impuesto del 0,10% de sus ingresos; porcentaje que se incrementa a 0,15% para las que tuvieron ingresos de más de 5 millones, y de 0,20% para aquellas con ingresos superiores a los diez millones de dólares.
  2. Se elimina la obligatoriedad del pago del anticipo de impuesto a la renta.
  3. Las sociedades pagarán impuesto a la renta cuando generen utilidades.
  4. Se incluye a los servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos y culturales o artísticos como sectores económicos priorizados, sujetos a exenciones de impuesto a la renta.
  5. Se establece un régimen simplificado para micro empresas (ingresos anuales de hasta US$ 300.000 y menos de 10 trabajadores).
  6. Se reduce en un 10% el impuesto a la renta a pagar por el ejercicio fiscal 2019 para los contribuyentes domiciliados en Carchi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Azuay y Loja, con actividad principal agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo.
  7. Se elimina deducción de gastos personales para personas naturales con ingresos iguales o superiores a US$ 100.000 anuales, salvo aquellos gastos relacionados a enfermedades catastróficas.
  8. Se grava con IVA la importación de servicios digitales.
  9. Se grava con tarifa cero de IVA las bombas de insulina, marcapasos, flores en estado fresco, papel periódico, periódico y revistas y materiales para el sector pesquero artesanal.
  10. Se grava con tarifa cero de IVA los servicios de suministro de páginas web, hosting y carga eléctrica de vehículos.
  11. Los vehículos eléctricos, furgonetas y camiones de hasta 3.5 toneladas estarán exentos del pago de impuesto de contribuciones especiales.
  12. Los vehículos que cuesten hasta US$ 40.000 y que cumplan con ciertas normas de seguridad y ambientales tendrán una rebaja del 15% en la tarifa del impuesto de contribuciones especiales.
  13. Se establece el pago de ICE a las fundas plásticas entregadas en comercios para llevar productos.
  14. Se grava con ICE 10% los servicios de telefonía, excepto prepago, prestados a personas naturales.
  15. Los contribuyentes tendrán 45 días luego de promulgarse la Ley para solicitar facilidades de pago al SRI por pago de impuestos.
  16. Las deudas que mantenga el Gobierno, incluyendo asignaciones presupuestarias y prestaciones de salud, podrán ser pagadas con bonos del Estado.

Con la aprobación de la Ley por parte del poder legislativo, le corresponde al Presidente, en el plazo de 30 días para vetar el cuerpo normativo, en cuyo caso el mismo volvería a la Asamblea, o ratificarlo, con lo que quedaría aprobado de manera definitiva, una vez se publique en el Registro Oficial; tenemos confianza que la implementación de las nuevas figuras tributarias permitan agilizar la economía y que el Estado recade los fondos necesarios para salir de la crisis que nos agobia.

Por nuestro socio Carlos Jérez

Este artículo es meramente informativo. Si desea recibir asesoría legal sobre temas tributarios, por favor, no dude en contactarnos a través de lawfirm@expertise.com.ec

 

 

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